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Se termina el asilo político Para víctimas de violencia doméstica y de pandillas

Publicado: 13 Junio 2018

El fiscal general Jeff Sessions anuncio el lunes 11 de junio que las víctimas de violencia doméstica y de las pandillas por lo general no calificarán para pedir asilo, una decisión que los defensores de derechos humanos dicen que afectará a decenas de miles de inmigrantes que buscan refugio en EEUU.

Su anuncio va en concordancia con el reenfoque que había adelantado sobre “restablecer los sólidos principios de asilo” contenidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un nuevo paso en la estrategia de la Casa Blanca de Donald Trump para dificultar la entrada al país a inmigrantes que llegan en busca de la protección del gobierno estadounidense.

La decisión de Sessions revierte una medida del Panel de Apelaciones sobre Inmigración del Departamento de Justicia establecida en el 2016 que indica que una mujer abusada de El Salvador era elegible para asilo bajo la ley federal. Esa instancia normalmente es la máxima autoridad sobre esos asuntos, pero el fiscal general tiene el poder de cambiarlo.

“No hemos actuado con apresuramiento sino cuidadosamente”, dijo Sessions. “En mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley”.

“Por lo general las solicitudes de extranjeros pertinentes a violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no gubernamentales no calificarán para asilo”, escribió en un comunicado. “El mero hecho de que un país podría tener problemas para efectivamente hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones son más propensas a ser víctimas del crimen, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo”, agregó Sessions.

Razones de asilo

Sessions remarcó que la INA “claramente” establece cinco razones de asilo, siendo ellas persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.

El fiscal general dijo además que “el asilo nunca tuvo la intención de aliviar todos los problemas, incluso todos los problemas graves que enfrentan las personas todos los días en todo el mundo”, y aprovechó nuevamente la oportunidad para pedirle al Congreso “que aclare estos asuntos”.

Desde que asumió la presidencia el 20 de enero del año pasado, Trump ha insistido en que el legislativo apruebe una dura política migratoria que, además de endurecer los requisitos de asilo, le provea fondos para construir un muro en la frontera con México, construya más cárceles para inmigrantes, aumente las redadas, acelere las deportaciones y reduzca un 50% la inmigración legal en un plazo de 10 años.

Papel clave

“Cada uno de ustedes juega un papel importante en la administración de nuestras leyes de inmigración”, dijo Sessions al anunciar que habrá cambios en el proceso de asilo. “Los jueces de inmigración son críticos para garantizar que el Departamento de Justicia lleve a cabo sus responsabilidades bajo el INA”.

Dijo además que los jueces de inmigración “tienen la obligación de decidir los casos de manera eficiente y de mantener nuestras leyes federales funcionando de manera efectiva, justa y consistente”. Y precisó que, en el futuro inmediato, los jueces de inmigración “realizarán los deberes que el fiscal general prescribirá” sobre el tema.

Sessions explicó que los cambios a la política de asilo serán tomados con el objetivo de “poner fin a la anarquía que ahora existe en nuestro sistema de inmigración” y previno que el Departamento de Justicia “usará todos los recursos disponibles para cumplir con este objetivo”.

“Actuaremos estratégicamente con nuestros colegas de DHS y de todo el gobierno y no dudaremos en redistribuir los recursos y modificar las políticas para enfrentar los nuevos desafíos a medida que surjan”, indicó.

Política migratoria de Trump

El anuncio de cambios en la política de asilo se suma a otras duras medidas migratorias anunciadas por el gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca.
El 25 de enero el mandatario firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre la construcción del muro en la frontera con México y otra sobre las ciudades santuario, en las que decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

A principios de abril de este año anunció la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera y la presentación de cargos criminales a la totalidad de los indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera.

El 13 de abril la Casa Blanca publicó en el registro federal el reglamento que puso fin a la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar).

Días más tarde el gobierno anunció el envío de jueces de inmigración a la frontera para acelerar procesos y agilizar deportaciones.

“Si cruzas la frontera del suroeste de forma ilegal, te procesaremos. Es así de simple”, dijo Sessions.

El fiscal general también anunció que “estamos trabajando activamente con nuestros socios del DHS para asegurarnos de que podamos desplegar a jueces electrónicamente y por videoconferencia cuando sea necesario”.

“Estas acciones estarán dirigidas a reducir la inmigración ilegal” en la frontera, concluyó.

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