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El Salvador: ejército reitera a la Corte Suprema que no obedecerá orden judicial

Publicado: 12 Octubre 2020 | Visto 136 veces

El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, desvinculó al Ejército de la búsqueda de justicia por la masacre de 1,000 campesinos en El Mozote (1981) y aseguró que el cuerpo armado no está obligado por ninguna legislación a acatar los fallos judiciales por este crimen de guerra, según un documento que envió al Supremo y al que la agencia EFE tuvo acceso.

La misiva expone algunos puntos que el ministro de la Defensa y su superior, el presidente Nayib Bukele, no han abordado públicamente sobre la posición de los uniformados frente al proceso que enfrentan mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En el documento, emitido el 7 de septiembre y conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el día 10, Merino pide que se suspenda una diligencia de inspección de archivos militares ordenada por el juez de la causa, Jorge Guzmán, misma que el Ejército terminó bloqueando el 21 de septiembre.

Los jueces desecharon la solicitud y advirtieron en un acta a Merino, según pudo constatar EFE, que debía acatar la orden judicial, pero no fueron escuchados.

Sin interés en la justicia
El contraalmirante señaló en su carta que la Fuerza Armada, la principal señalada de perpetrar crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1980-1992), no tiene interés en el fin que persigue el proceso penal por la matanza.

“Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma” señaló.

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por la masacre de El Mozote, en la que la mayoría de víctimas fueron niños, y el juez señaló en agosto pasado que “conocer la verdad de estos hechos es imperativo”.
Esta es la primera ocasión, al menos en la última década, que un ministro de la Defensa señala abiertamente que el Ejército no comparte el interés de que se determinen responsabilidades por esta masacre.

No hay ley que los obligue
Merino puso en entredicho la competencia del juez instructor y señaló que, a su juicio, la legislación derogada que se aplica en el proceso y que estaba vigente al momento de la masacre no tiene efecto sobre el Ejército.
“Se considera que, no siendo parte procesal en el caso que nos ocupa, a esta institución no podrían aplicarse los parámetros contenidos en la normativa penal derogada”, sostuvo.

El juez Guzmán aplica principalmente el Código Procesal Penal de 1973, pero también se auxilia de normativa internacional, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros.

El ministro trató de apoyar su argumento en el hecho de que actualmente “no existe una legislación para habilitar a otras personas que no sean las partes a hacer sus consideraciones al momento del nombramiento de peritos y el señalamiento de diligencias de inspección”.

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